La guardería del DIF contaba con algunos rumores y señales sobre el cierre, pero ningún funcionario o directivos le habló con la verdad a las maestras, asistentes o personal de apoyo.
Guanajuato, 13 de agosto, (Pop Lab).- El cierre del Centro de Desarrollo Infantil del DIF estatal por orden de Diego Sinhue Rodríguez dejó a más de 140 niñas y niños sin un lugar seguro en donde quedarse mientras sus madres trabajan, pretextando una “reingeniería” planteada por una nueva dirección. Pero además dejó a las maestras -ellas también madres y jefas de familia- enfrentando el desempleo en el sector educativo donde no han hallado oportunidades, y en la necesidad de salir a buscar empleos en empresas manufactureras fuera de la ciudad.
Paralelamente demandaron al Gobierno del Estado de Guanajuato, unas buscando la reinstalación, otras concluir sus procesos de pensión o el pago justo de sus liquidaciones.
Como informó POP Lab, la noticia del despido de los aproximadamente 70 empleados llegó un día sin previo aviso: las citaron en las oficinas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el nuevo director, Gerardo Trujillo Flores, les informó sin más que estaban despedidas y que no había posibilidad de reinstalación porque no había presupuesto.
En la guardería del DIF había rumores y también señales de que el cierre estaba cerca, pero ningún funcionario o directivos le habló con la verdad a las maestras, asistentes o personal de apoyo.
La directora, Marcela Suárez constantemente les repetía “ahorita estamos, mañana quién sabe”, por lo que las maestras creen que ella ya tenía conocimiento de que la estancia cerraría y no les anticipó nada, lo que impidió que ellas pudieran intentar buscar nuevas oportunidades para no quedarse literalmente en el desamparo laboral.
IN SULTOS Y MALOS TRATOS, SEÑALES ANTICIPABAN EL CIERRE
Las señales ya se veían desde antes, relata una de las maestras. Desde que comenzó la pandemia, la guardería dejó de atender a alumnos de forma presencial. A los padres de familias se les informaba a través de correos electrónicos sobre la suspensión y también se les notificó cada mes sobre la condonación de las cuotas mensuales. Un día, la gran mayoría dejaron de recibir esos correos.
Cuando la pandemia se apaciguó un poco y se reactivó el servicio, algunas maestras volvieron a la aulas, atendiendo a pocos alumnos. Las que no fueron colocadas frente a grupo, fueron asignadas a labores de archivo, pero en dicha área recibían malos tratos y eran señaladas como “inútiles”, narraron.
Las mujeres asignadas a esta labor se encargaron por años de formar pequeñitos desde los seis meses de vida: alimentarlos, cambiarles el pañal, enseñarles a caminar y hasta hablar, su trabajo por años fue ser apoyo de las madres trabajadoras. Ana por ejemplo, asignada como terapeuta de lenguaje, le ayudó a la pequeña Sonia a dejar de tartamudear y a pronunciar de manera correcta algunas letras con las que tenía problemas.
“Las pusieron a trabajar bajo presión porque tenía que entregar; había una persona que se llama Lorena, no recuerdo el apellido, ella era la que estaba a cargo de las compañeras que estaban en el archivo y por lo que ellas comentaron, les gritaba y les exigía de mal modo las cosas. Si alguna compañera se equivocaba constantemente -porque no estábamos familiarizadas con ese trabajo- les gritoneaba y le decía que no servía para nada, que era una inútil”, contó una maestra.
Otra advertencia de la situación se dio cuando personal de Control Patrimonial se presentó en la estancia para hacer una revisión del mobiliario. A los trabajadores les exigieron buscar los resguardos registrados y dar explicaciones sobre cada objeto a su cuidado.
Al tratarse de un proceso sorpresivo, surgieron los problemas. Muchos de los empleados no pudieron localizar objetos que tenían registrados bajo su resguardo, pero pudieron detectar que se encontraban en los muebles dados de baja. A pesar de esto, se les hizo pagar o reponer cada objeto no localizado.
“Nos empezaron a recibir nuestro inventario, yo digo que esa era otra señal de que ellos ya sabían que iba a cerrar la guardería. Mi molestia en lo particular se debe a que, si ellos ya sabían, por qué no nos dieron la oportunidad de buscar un trabajo o buscar a dónde ir o preparar más que nada a los papás, en dónde iban a depositar ahora a sus hijos”, aseguró otra maestra.
Las docentes se preocuparon por su futuro, pero también por el de niñas y niños y los padres. Emmita ya no se despediría de sus chiquitos todos los días, la maestra Laura ya no podría peinar y entregar relucientes a sus alumnitas y Vicki ya no podría dar sus remedios para todos los males de los niños.
“YA NO HAY TRABAJO, ESTÁN DESPEDIDAS ”
El día 9 de julio, a las 8:30 de la mañana, todo el personal de la guardería fue citado en las oficinas centrales del día y en menos de dos minutos, el nuevo director Gerardo Trujillo Flores, un ingeniero en minas, les dijo: ya no hay trabajo.
“Llega y nos dice: estamos aquí sólo para decirles que la guardería se va a cerrar, ya no hay trabajo y están despedidas, todos nos quedamos en shock, una compañera alzó la mano y preguntó “¿posibilidades de reubicar’” y dijo él; no, no hay posibilidades porque no hay presupuesto…hasta aquí se termina”.
En tono que les pareció una burla, se les dijo que todavía se les darían “vacaciones pagadas”, pues el despido sería vigente hasta el último día de julio, aunque el mismo día en que les dieron la noticia requirieron a cada trabajador en el área de Recurso Humanos del DIF y les hablaron sobre sus finiquitos.
A las docentes les mostraron documentación que no entendían por el shock, pero afirman que les quisieron hacer creer que les estaban pagando justamente, incluso les dijeron “ustedes son privilegiadas, a unos compañeros no los vamos a liquidar”.
El DIF estatal también las hizo pasar con personal de Conciliación y Arbitraje, quienes también trataron de convencerlas de que los trámites estaban en orden y que recibirán una liquidación apegada a la ley.
Lo cierto es que sólo les ofrecieron el pago de 12 días por año, en lugar de los 20 que señala la ley por despido injustificado, por lo que el gobierno del estado estaría violentando este derecho.
Hubo protestas de madres, reuniones con personal del DIF que no valieron. El director aseguró que el sostenimiento de cada niño tenía un costo mensual de 26 mil pesos y también dijo que el sostenimiento mensual de la estancia en 2019 costaba más de 14 millones de pesos.
“Los recursos que actualmente se destinan a financiar el CDI serán reorientados a financiar el programa para garantizar y restituir el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que viven sin cuidados parentales o están en riesgo de perderlos”, informó el DIF.
Ahora, en el área educativa, que es donde la mayoría de las docentes tienen experiencia, las puertas están cerradas. El tiempo para que puedan presentar un examen y poder acceder a la plaza en la Secretaría de Educación ya pasó y en las escuelas privadas no las contratan porque no hay certeza de que el ciclo escolar se desarrollará de forma presencial.
Las maestras han optado por presentar solicitudes de empleo en cualquier lugar que les permita generar un ingreso. Hay quienes han aplicado en empresas de Puerto Interior, pero paralelamente algunas han presentando una demanda en contra del Gobierno del Estado.
“No es justo lo que nos hicieron, que nos paguen conforme está establecido por la ley porque nos estaban dando 12 días y nosotros estamos peleando lo que son 20 días; la manera en la que se nos despidió no era la adecuada ni la correcta y realmente sí sentimos que nos trataron mal porque de un momento para otro, en menos de un minuto, nos despidieron. Lo dimos todo por el todo, por lo menos nos hubieran dicho ‘esto se va a acabar’”.
Tres empleados del centro -dos asistentes y un intendente- lograron jubilarse porque ya habían cumplido 30 años de servicio; otras estaban cerca de poder tener una pensión, tres o cuatro años las separaban de ese momento.
Las que están cerca de esta posibilidad, están buscando alternativas para pagar las cuotas faltantes al ISSEG y poder tener sus pensiones; dos de las que demandan buscan una solución en este sentido.
Otras piden la liquidación justa o la reinstalación. Son 20 las trabajadoras que están en el proceso legal, auxiliadas por un abogado. Sin embargo, la gran mayoría tuvo que tomar el dinero que les ofrecieron porque no tenían otra manera de sobrevivir mientras conseguían un nuevo trabajo.
La mayoría son jefas de familia, madres solteras o mujeres de edad, que nunca esperaron que de un día a otro el DIF las echara a la calle y les cerrara la puerta.
